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Impulsado por un fuerte repunte del complejo agroindustrial argentino durante el primer trimestre del año, el negocio exportador de la compañía consolida su expansión internacional y proyecta superar las 800.000 toneladas enviadas al exterior en 2026.

La compañía Quilmes consolidó su perfil exportador al registrar envíos de cebada y malta por más de 370 millones de dólares durante 2025, con un volumen superior a las 970.000 toneladas, y concretó la apertura de un nuevo destino comercial estratégico en la India.

Esta expansión se inscribe en un escenario altamente favorable para el complejo de cebada argentino. De acuerdo con datos de la Bolsa de Cereales difundidos por el Consejo Agroindustrial Argentino, las ventas externas de cebada en grano alcanzaron los 1,96 millones de toneladas durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un salto interanual del 67,3% respecto del mismo período del año anterior.

Proyecciones y peso en la balanza comercial

Para el cierre del ejercicio 2026, la firma proyecta colocar en los mercados internacionales alrededor de 600.000 toneladas de cebada y entre 220.000 y 330.000 toneladas de malta. A nivel sectorial, las exportaciones totales del complejo sumaron 569,9 millones de dólares entre enero y marzo —con una suba interanual del 30,1%— y explicaron el 4,7% de todas las ventas externas agroindustriales relevadas.

El esquema comercial combina dos modalidades complementarias: por un lado, el despacho de cebada en grano y, por otro, la industrialización local para obtener malta, un insumo esencial en la elaboración cervecera que permite exportar manufactura con mayor valor agregado.

Red productiva e investigación local

En el plano interno, la operación se articula junto a una red de más de 1.300 productores agropecuarios y abarca una producción que supera los 1,2 millones de toneladas. Para su procesamiento, la empresa opera dos malterías en la provincia de Buenos Aires con una capacidad instalada conjunta de 470.000 toneladas.

Un pilar clave de este desempeño radica en el centro de investigación que la compañía sostiene desde hace más de cinco décadas en la localidad bonaerense de Tres Arroyos, donde ya se desarrollaron 20 variedades genéticas adaptadas a los suelos locales que hoy cubren cerca del 70% de la superficie sembrada con cebada en todo el país.

Fuente: Adaptación periodística de servicios informativos regionales

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó un fallo de primera instancia y avaló la desvinculación con causa. Los magistrados remarcaron que una falta injustificada no puede analizarse de manera aislada frente a un historial persistente de incumplimientos laborales consentidos.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez, revocó una sentencia de primera instancia y rechazó la demanda impulsada por un trabajador que alegaba un despido persecutorio contra una empresa y sus directores, luego de comprobar que el empleado acumulaba 32 sanciones disciplinarias previas debidamente notificadas y firmadas.

El litigio se originó cuando la firma resolvió extinguir el vínculo laboral invocando el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). El empleado, que registraba una antigüedad de cinco años y medio, fue despedido tras incurrir en una inasistencia injustificada y sin previo aviso el 19 de diciembre de 2022.

Contradicciones en el reclamo

Durante el intercambio telegráfico previo al juicio, el accionante había negado tajantemente haberse ausentado sin aviso. Sin embargo, al presentar formalmente la demanda judicial, dio un giro absoluto en su versión: admitió la falta y centró su planteo en una supuesta desproporción de la sanción máxima, sumando además el reclamo por un presunto pago salarial en negro de 230.000 pesos mensuales.

Al analizar el expediente, el juez preopinante Enrique Catani advirtió que, al reconocer la ausencia en su escrito inicial, el propio demandante eximió a la parte empleadora de tener que probar ese hecho. Asimismo, subrayó que el trabajador «ni siquiera precisó —ni en el intercambio telegráfico, ni en la demanda, ni a lo largo del pleito— a quién habría cursado el pretendido aviso, en qué momento ni por cuál medio».

Un historial determinante

El tribunal ponderó especialmente el frondoso legajo disciplinario del dependiente, quien sumaba treinta y dos medidas correctivas a lo largo de su relación laboral —entre apercibimientos y suspensiones por llegadas tarde, faltantes de recaudación y desatención a clientes—, todas ellas consentidas sin impugnación en su debido momento.

En los fundamentos del fallo, los camaristas destacaron la gravedad y frecuencia de las conductas previas: «Un total de treinta y dos medidas disciplinarias en cinco años y medio retratan un comportamiento laboral persistentemente refractario a los deberes de los artículos 84 y 86 de la LCT, cuyo tramo final exhibe una elocuente concentración: un apercibimiento el 10 de noviembre de 2022, una suspensión de tres días el 12 de noviembre y un nuevo señalamiento por faltante de recaudación el 16 de diciembre; es decir, apenas tres días antes de la inasistencia que operó como detonante del distracto».

Para cerrar el criterio jurídico, la Cámara concluyó que la ausencia del 19 de diciembre «no podía ser evaluada en forma aislada, como lo hizo el fallo de grado, sino al calor de los desfavorables antecedentes que la precedieron», dejando firme la legitimidad del despido con justa causa.

Fuente: Adaptación periodística de servicios informativos regionales

Los operativos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones y grupos tácticos en distintos puntos de la ciudad. La causa se originó tras el brutal ataque con arma blanca sufrido por un joven de 22 años durante un intento de robo ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, ejecutaron este miércoles tres allanamientos simultáneos en Villa Gobernador Gálvez en el marco de una investigación por tentativa de homicidio. Como saldo de las medidas, tres hombres fueron demorados y se incautaron ocho teléfonos celulares.

La pesquisa judicial tuvo su punto de partida el pasado 1 de noviembre, en inmediaciones de las calles 17 de Octubre y Julio A. Roca. Según consta en las actuaciones policiales, un joven de 22 años se encontraba acompañado en la vía pública cuando fue interceptado por tres individuos con intenciones de robarles sus teléfonos celulares. En medio del asalto, uno de los atacantes le asestó una puñalada en el abdomen para luego darse a la fuga junto a sus cómplices.

Gravedad del ataque e investigación

Producto de la herida cortopunzante, la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez y, debido a la complejidad del cuadro, fue derivada al Hospital Provincial de Rosario, donde ingresó con una lesión abdominal de gravedad que requirió intervención quirúrgica.

A partir del episodio, personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL), en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación, desplegó diversas tareas de inteligencia que permitieron individualizar tres domicilios vinculados a los sospechosos y tramitar las correspondientes órdenes judiciales.

Los procedimientos y los demorados

Las irrupciones se concretaron en viviendas ubicadas en 17 de Octubre al 1900, Fornieles al 400 y Congreso al 2100. Durante las requisas, los agentes secuestraron ocho teléfonos móviles considerados elementos clave para el avance de la causa.

Por disposición de la fiscal interviniente, Georgina Cherara, fueron trasladados a sede policial para su identificación y formación de causa los llamados Ignacio L. (53 años), Alexis Brian L. (30) y Brandon Nicolás L. (23).

Fuente: Adaptación periodística de servicios informativos regionales